Italia Impone la factura electrónica B2B

Digitalización de las facturas en Europa : los momentos clave

La digitalización de facturas, o e-invoicing en inglés, es un tema regulado por las administraciones tributarias en los diferentes países. Sólo se aplica en aquellos países en los que se aplica el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

La administración es la más interesada en saber como las empresas estructuran sus facturas para garantizar de este modo su legitimidad. Dentro de la UE, los Estados están obligados a cumplir con todas aquellas directivas pertinentes a la UE.

En 2001, 2006 y 2010, entraron en vigor las directivas sobre la armonización del IVA y, por tanto, de la facturación electrónica. De este modo, la autoridad europea indicaba la forma en que los sujetos pasivos debían estructurar sus facturas a escala europea, pero sin someter a los Estados miembros a las obligaciones de digitalización. El objetivo de dicha medida era armonizar la facturación en todo el continente.

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Directiva de 2014: hacia una factura electrónica obligatoria

La Directiva 2014-55-UE abrió el camino a la digitalización obligatoria de las facturas, al imponer intercambios electrónicos entre empresas y administraciones en el marco de un contrato público. Así, para cualquier pedido, la empresa está obligada a proporcionar una factura electrónica a la administración pública de compras.

El calendario de aplicación de la medida finaliza el 1 de enero de 2020. En este plazo, todas las empresas de la UE tendrán que pasar a la facturación electrónica para sus intercambios con las administraciones.

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Además de establecer un estándar de facturación internacional, la facturación electrónica B2G ha reducido los índices de fraude en los países de la UE. Esta es la razón por la que varios Estados han ampliado el alcance de la facturación electrónica al ámbito B2B. Y los resultados son claros: en los países donde se fomenta la facturación electrónica entre empresas, el índice de fraude se reduce significativamente. La factura digitalizada B2B es, por lo tanto, una solución mucho menos costosa que las auditorías fiscales, de ahí el deseo de hacerla obligatoria.

La excepción de Italia

Tres años después de la aplicación de la Directiva 2014, Italia solicitó una excepción para hacer obligatoria la factura electrónica B2B… ¡Y la obtuvo! Así pues, ha establecido un programa obligatorio de facturación electrónica para las empresas, que comenzará el 1 de enero de 2019.

Para gestionar estas facturas electrónicas, Italia ha desarrollado el SDI (sistema di interscambio), un portal de facturación obligatoria introducido por el Estado. ¿Su objetivo? Centralizar todas las facturas emitidas entre empresas, con el fin de calcular los intercambios de IVA en tiempo real y ofrecer al Gobierno visibilidad de las transacciones.

Un sistema que debería reducir la evasión fiscal entre un 30% y un 40% en las primeras semanas. México, que opera con el mismo modelo, ha reducido su tasa de economía sumergida en un 50% y ha mejorado sus recaudaciones de IVA en un 35%.

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¿Qué hay de otros países europeos?

Después de Italia, esta excepción beneficiará a otros Estados miembros inspirados por los beneficios a largo plazo de la medida. De hecho, Italia es el primer país que ha recibido la excepción, pero otros países podrían seguir el mismo camino. Este es el caso, en particular, de Portugal, España y Polonia, que desean hacer obligatorio el envío de facturas digitalizadas entre empresas.

Sin embargo, este proceso no será obligatorio para todas las empresas. En España, por ejemplo, el proyecto se refiere exclusivamente a las empresas más grandes, cuyo IVA aporta más riqueza al Estado. España y Portugal también han establecido un sistema de notificación electrónica. Así, todas las facturas electrónicas emitidas por las empresas se envían directamente al Estado, lo que garantizará su integridad.

Para 2025, todos los Estados europeos deberían haber tomado las mismas medidas. Esta estandarización, sin embargo, requiere la construcción de sistemas informáticos muy potentes y complejos para que todas las empresas puedan conectarse. Se trata de proyectos de gran envergadura, por un valor de varios cientos de miles de euros, que deberán completarse en los próximos años. Seguiremos hablando de esto más adelante.

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