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Con la implantación de la facturación electrónica, la Unión Europea busca una herramienta que permita a las autoridades controlar la actividad en tiempo real, adoptar medidas sin demora en función del contexto económico y normalizar el tratamiento de las transacciones nacionales y europeas. Y es que entre las principales causas del fraude fiscal se encuentran las quiebras, insolvencia o los errores de información además del fraude, que en sí mismo cuesta a los países europeos entre 40.000 y 60.000 millones de euros cada año, tal y como recoge el informe “Lucha contra el fraude del IVA intracomunitario” de 2016.
Servicio de Facturación Electrónica
Una de las principales ventajas de la e-factura para las compañías europeas es la reducción de las cargas administrativas ya que facilita las tareas diarias de los departamentos de administración y contabilidad. A través de la tecnología, se puede automatizar el envío y recepción de las facturas, conciliar las facturas recibidas con las mercancías recibidas y las órdenes de compra o validar las facturas, de forma rápida, libre de errores humanos y con una mayor eficacia para optimizar, de esta manera, el tiempo.
La obligación de implementar la factura electrónica se está extendiendo progresivamente a las transacciones B2B. Los Estados miembros de la UE disponen de cierta flexibilidad en cuanto a la implantación de la facturación electrónica tanto con los agentes públicos (B2G) como con los privados (B2B). Por ello, no todos los países se encuentran en la misma fase.
Hemos analizado en qué situación se encuentran los principales países de la Unión Europea en cuanto a la implantación de la facturación electrónica.
El 29 de septiembre se publicó en el BOE, la Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas que registra la obligatoriedad de la adopción de la factura electrónica en España. La norma recoge, como novedad, la emisión de facturas electrónicas en las operaciones comerciales entre empresarios, profesionales y proveedores. Una obligación que se extiende con independencia del sector en el que se desarrolle la actividad.
Esta legislación es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que busca mejorar las relaciones entre las empresas y los proveedores para reducir los impagos y el índice de morosidad y que recoge una demanda histórica de los empresarios españoles ya que facilita el emprendimiento y la creación de empresas.
Esta Ley recoge la obligatoriedad de utilizar la facturación electrónica y que entrará en vigor en dos fases. Por un lado, las empresas y autónomos con una facturación anual superior a 8 millones de euros tendrán la obligación de aplicar esta medida en el plazo máximo de un año desde que se apruebe el desarrollo reglamentario (a partir de mediados de 2023). Por otro lado, el resto de las empresas cuya facturación anual sea inferior a 8 millones de euros tendrán que aplicar esta medida en un plazo de dos años, es decir, en 2025 será de obligado cumplimiento para cualquier tipo de compañía en España, independientemente del tamaño y sector.
En países como Alemania, Austria, Francia, Portugal o Italia la facturación electrónica es obligatoria para cualquier transacción con las administraciones publicas desde hace ya varios años, algunas incluso desde 2011. En Francia desde 2020 es imprescindible emitirla a través de la plataforma Chorus Pro. Para el sector privado, todavía hay margen de implantación, en los países mencionados, y al igual que sucede en España en 2026 todas las facturas emitidas por entidades privadas registradas en el IVA deeberán ser emitidas electrónicamente.
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